PAÍS
Corte da 24 horas a jueza para explicar “pinchazo” a Josefina Huneeus: recurso denuncia espionaje
Se acusa que la psiquiatra, quien no era imputada ni investigada, fue tratada como tal y sus conversaciones, incluyendo una con el Presidente Boric, fueron transcritas ilegalmente. El recurso solicita la anulación de las resoluciones judiciales y la eliminación de pruebas obtenidas. [ACTUALIZADA]
Un recurso de amparo fue interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta en representación de Josefina Huneeus, denunciando una grave afectación a su derecho a la libertad personal, privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones, por la interceptación telefónica realizada por el Ministerio Público, en el marco del denominado caso ProCultura.
Se trata de la esposa de quien fuera director ejecutivo de la fundación emblema del caso Convenios, Alberto Larraín. Josefina Huneeus, además, se desempeñó como psiquiatra del presidente Gabriel Boric cuando este ejercía como diputado.
El recurso de amparo fue acogido a trámite por el tribunal de alzada, que otorgó un plazo de 24 horas para que Sissi Bertoglio Cortés, jueza del Juzgado de Garantía de Antofagasta, explique la autorización para el “pinchazo” de su celular.
Según consignó Radio Biobío, junto con admitir a tramitación el recurso, se solicitó a la jueza evacuar un informe “dentro del término de 24 horas”, en el que se acompañen “todos los antecedentes justificativos de sus alegaciones”.
Todavía se investigan contratos celebrados entre diversas instituciones públicas y la Fundación Procultura, una organización fundada el año 2009 por el también psiquiatra Alberto Larraín y la fotógrafa Ilonka Csillag. Esta investigación está a cargo del Fiscal Regional de Coquimbo Patricio Cooper y es llevada adelante por la unidad especializada Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos.
Existe un nombre para las intromisiones ilegales… espionaje
El escrito, presentado por los abogados Alejandro Awad y Miguel Schürmann, solicita dejar sin efecto las resoluciones judiciales que autorizaron la escucha de llamadas de Huneeus, argumentando que estas se basaron en errores de identidad, carecen de fundamentos legales y constituyen actos arbitrarios e inconstitucionales.
Todo comenzó el 2 de octubre de 2024, cuando el Juzgado de Garantía de Antofagasta autorizó la interceptación de 26 teléfonos vinculados a 17 imputados en el caso ProCultura. Según narra el recurso, uno de los teléfonos asociados erróneamente al imputado Alberto Larraín resultó pertenecer a su expareja, Josefina Huneeus, quien nunca ha sido formalmente imputada ni investigada.
Desde entonces, y durante más de cuatro meses, se acusa que el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) escucharon y transcribieron ilegalmente conversaciones privadas de Huneeus, incluyendo una llamada con el Presidente de la República, Gabriel Boric, sin contar con autorización legal para ello.
“Existe un nombre para las intromisiones ilegales a la vida privada de las personas, espionaje”, sentencia el recurso.
“Formalizar el error”
El recurso afirma que, pese a que la Fiscalía detectó una equivocación, lejos de detener la interceptación como exige la ley, solicitó “mantener” la escucha, incluso reconociendo que el número pertenecía a Josefina Huneeus y no a Alberto Larraín. En su solicitud, la describió como una testigo con “conocimiento de los hechos investigados”, sin entregar antecedentes que la vincularan como autora o partícipe de delito alguno.
Se resalta que en Chile no está permitida la interceptación de testigos, “siendo una calidad incompatible con la calidad de imputado, quien presencia un robo y puede informar dónde, cuándo y cómo ocurrió”.
Sin embargo, según relata la defensa de la psiquiatra, el Juzgado de Garantía de Antofagasta accedió a esta solicitud y, en una resolución de apenas 183 palabras, elevó a Huneeus a la categoría de imputada sin que ni siquiera el Ministerio Público lo solicitara. La interceptación fue luego renovada dos veces, en diciembre de 2024 y febrero de 2025, —acusan— sin aportar antecedentes nuevos que justificaran tales medidas.
La acción judicial presentada argumenta que:
- Josefina Huneeus fue interceptada ilegalmente, ya que nunca existió una resolución judicial dirigida a su persona. El número intervenido fue mal atribuido a un imputado.
- No se cumplió con ninguno de los requisitos legales establecidos en el artículo 222 del Código Procesal Penal, que exige sospechas fundadas, individualización del afectado, proporcionalidad, y autorización previa.
- El Ministerio Público reconoció a Huneeus como testigo, lo que hace improcedente cualquier medida intrusiva como la interceptación de sus comunicaciones.
- Las resoluciones judiciales carecen absolutamente de fundamentos, vulnerando el deber de motivación que impone el Código Procesal Penal.
- Se produjo una afectación grave a su libertad personal, exponiéndola a medidas propias de un imputado, como eventuales citaciones, medidas cautelares o incluso una persecución penal infundada.
Además, se destaca que el contenido de las conversaciones interceptadas no tenía relevancia criminal, pero aun así fue transcrito y mantenido en la carpeta investigativa.
Uno de los episodios más delicados del recurso se refiere a la interceptación de una llamada entre Josefina Huneeus y el Presidente Gabriel Boric el 14 de octubre de 2024. A partir de esta conversación, la Fiscalía solicitó intervenir el teléfono del Mandatario, pero esta vez, el tribunal denegó la petición por falta de antecedentes.
Los abogados de Huneeus destacan este contraste y acusan: mientras que al Presidente se le protegieron sus derechos fundamentales, a su representada se le ignoraron completamente.
Petición ante la Corte: anulación de todas las resoluciones ilegales
El recurso solicita a la Corte de Apelaciones de Antofagasta:
- Dejar sin efecto la resolución de interceptación de fecha 16 de octubre de 2024.
- Invalidar las resoluciones de renovación de 6 de diciembre de 2024 y 10 de febrero de 2025.
- Eliminar de la carpeta investigativa todas las diligencias y resultados obtenidos en base a estas medidas ilegales.
Los firmantes del recurso califican los hechos como un acto de espionaje ilegal disfrazado de diligencia judicial, y exigen a la Corte actuar con firmeza para “restablecer el imperio del derecho”.
